La Dirección General de Migración y Extranjería junto a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, están en la obligación de hacer cumplir las disposiciones de Ley para permitir el acceso a territorio salvadoreño, si una persona no cumple con los requisitos de ingreso o se rehúsa a realizar el control migratorio, las instituciones pertinentes tienen la potestad para denegar su entrada.