San Salvador, 23 de octubre de 2018

El Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), la Dirección de Atención a Víctimas (DAV), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) clausuraron este día la primera etapa del fortalecimiento institucional para la identificación de personas retornadas con necesidades de protección. La iniciativa se implementó en conjunto con las dependencias del Gobierno de El Salvador involucradas en la recepción de personas retornadas en la Dirección de Atención al Migrante (DAMI).

El ACNUR ha apoyado técnicamente este proceso de fortalecimiento institucional, el cual busca crear los mecanismos y las condiciones que permitan la identificación, documentación y referencia de personas que habrían dejado el país por diversas causas, al ser retornadas de manera forzada, tienen dificultades para regresar a sus comunidades.

El proceso cuenta con tres fases que contemplan el fortalecimiento técnico, la construcción de una guía de referencia de casos y la incorporación de un módulo de protección dentro de un Sistema Nacional Único de Información Migratoria. En esta misma línea se vincula a la DAV para brindar atención legal, psicológica y humanitaria a estas víctimas.
Dichas acciones atienden a la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, en la cual se evidencia la necesidad de definir criterios y de sistematizar las características y necesidades de las personas retornadas, con el fin de diseñar mejores programas de apoyo que les permitan reintegrarse a la dinámica económica y social de su comunidad.

De igual forma, las acciones se alinean con el eje cuatro del Plan El Salvador Seguro, relativo a la atención de las víctimas.
Este esfuerzo se enmarca dentro del Proyecto trinacional para la resiliencia y la cohesión social en el Norte de Centroamérica, una iniciativa del Sistema de Naciones Unidas y los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que tiene como propósito fortalecer la reintegración social y económica de migrantes que retornan, así como los mecanismos de protección para víctimas y la prevención de la violencia.

El proyecto busca también complementar la política de seguridad ciudadana con acciones para la inclusión social, el fortalecimiento de la administración de justicia, y el intercambio de información en la región.